Gustavo Briones, ex jefe de servicio de Obstetricia en el Hospital Materno Infantil de Jujuy (Argentina).
Gustavo Briones, ex jefe de servicio de Obstetricia en el Hospital Materno Infantil de Jujuy (Argentina).

El jefe de servicio de Obstetricia del Hospital Materno Infantil de la provincia de Jujuy en Argentina, Gustavo Briones, ha presentado su «renuncia irrevocable» debido a la injerencia política que «desatendiendo la opinión profesional» obligó a realizar una cesárea a un bebé concebido en violación, dado que no se podía realizar un aborto legal.

El caso de la niña Esperanza ha sido utilizado por los grupos pro aborto del país argentino como punta de lanza de sus reivindicaciones tras salir derrotada en el Senado la propuesta de una ley de aborto libre el pasado verano.

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En la carta de dimisión, Briones señala que su decisión se basa en «el proceder del poder Ejecutivo Provincial de desatender la opinión profesional brindada por la totalidad de los médicos especialistas presentes que integran el servicio» y obligar al «nacimiento [por cesárea], innecesaria colocación en riesgo y posterior fallecimiento de un prematuro inmaduro».

El ya ex jefe de servicio explica que se desaconsejó al práctica del aborto a la menor de 12 años embarazada tras sufrir una violación «por cuanto el feto -de acuerdo a su edad gestacional- tenía altísimo riesgo de morir en caso de ser separado del seno materno».

«El criterio médico expresado (…) respondió exclusivamente a los valores científicos que rigen la práctica de los servicios de salud», incide el médico, subrayando que es «unánime la bibliografía en establecer que un feto con peso inferior a los 1.000 gramos y con edad gestacional menor a 27,6 semanas, se denomina prematuro inmaduro y goza de bajísimas expectativas de sobre vida«.

Además de que el aborto no estab indicado legalmente, Briones expone en su carta de renuncia al cargo que «la mejor práctica médica posible, avalada por un grupo de profesionales que durante el año 2018 realizó 2.899 cirugias con mortalidad materna igual a cero, respondió en exclusiva a fundamentos científicos que rigen la medicina».

Con esos datos científicos sobre la mesa, Briones considera que al prescindir del criterio médico profesional, el Poder Ejecutivo no solo faltó al respeto a un grupo profesional modélico en su especialidad, sinno que además «desoyó los antecedentes y avales cientificos de la materia y del caso en particular, soslayó el riesgo en que colocó a la vida de la persona por nacer, lo que provocó el penoso desenlace y un concreto retroceso de la calidad de la prestación del servicio público de salud«.

Briones cierra la carta lamentando que la muerte de la niña fuera provocada por «una irrespetuosa intromisión en los criterios que deben quedar a resguardo exclusivo de los profesionales especializados», lo que le llevó «ante la ineludible obligación mora, ética y humanitaria» de renuunciara a la jefatura de servicio.

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