Desde el pasado 1 de noviembre, el Sistema Nacional de Salud (SNS) financia por primera vez el anillo vaginal anticonceptivo, un anticonceptivo hormonal combinado que podrán usar unas 37.000 mujeres.

Su inclusión en la cartera de servicios de la Seguridad Social se ampara en la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo de 2010, conocida como Ley Aído, que supone la barra libre de aborto a petición y su consideración como «derecho», entre otras cuestiones.

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Según informa el ministerio de Sanidad, en concreto, se incluye en su cartera de servicios el anillo con los principios activos Etinilestradiol (3,474 mg) y Etonogestrel (11 mg). Con este nuevo método son ya un total de 14 presentaciones de anticonceptivos de última generación, también llamados de cuarta generación porque han sido desarrollados para lograr, además de su eficacia anticonceptiva, efectos no contraceptivos como la antiandrogenicidad, que es la capacidad de una sustancia para inhibir la acción de una hormona androgénica natural (por ejemplo, testosterona) en el organismo.

Así, están incluidos en la cartera farmacéutica varios anticonceptivos que se administran por vía oral, hormonales combinados y a base de progestágeno. También están financiados distintos anticonceptivos reversibles de larga duración, conocidos como LARC, como tres tipos de dispositivos intrauterinos (DIU), Medroxiprogesterona inyectable e implante Etonogestrel.

Educación sexual y reproductiva

Por otro lado, el Ministerio de Sanidad y el de Educación y Formación Profesional han formalizado un acuerdo para fomentar la promoción y educación para la salud sexual y reproductiva, entre otros. Ambos ministerios coordinarán el desarrollo de distintas iniciativas transversales y efectivas de educación afectivo-sexual en el entorno escolar.

De esta forma, el ministerio da un paso más en la reactivación de la Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva en el Sistema Nacional de Salud que, hasta el año pasado, se encontraba inactiva, según informa Europa Press.

Este acuerdo también se enmarca dentro de la Ley que establece la necesidad de una educación afectivo sexual y reproductiva adecuada como el modo más efectivo de prevenir, especialmente en personas jóvenes, las infecciones de transmisión sexual, los embarazos inesperados y los abortos. Así, contempla la inclusión de educación afectivo sexual y reproductiva en los contenidos formales del sistema educativo.

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