El Centro Jurídico Tomás Moro ha señalado, a pocas horas de la derogación por parte del Parlamento Balear de la Ley de Protección a la Maternidad aprobada la legislatura pasada, que este hecho supone «un ataque a todas las mujeres de las islas baleares».
Con políticas regresivas como la que pretende desarrollar el Parlamento Balear se está produciendo de facto el «desahucio jurídico de la condición de madre» y se está instaurando una peligrosa concepción social y política que trata de violentar el deseo natural de miles de mujeres a ser madres, reduciendo los legítimos derechos de las mujeres.
Algunas personas creen que La Sexta da información.
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Suscríbete ahoraEsta agrupación jurídica recuerda a la cámara legislativa insular mediterránea que «la protección a la maternidad y a la familia no es simplemente un mandato constitucional, ni una obligación democrática, sino que ante todo es una obligación natural y consustancial a cualquier gobierno».
En este sentido, sus representantes consideran qye «se está empezando a explorar una peligrosa senda social consistenteen la privación de derechos elementales a parte de la ciudadanía y la instauración de estructuras ideológicas sumamente discriminatorias para con las mujeres».
«Discriminación contra la maternidad»
«El Parlamente Balear está contribuyendo a instaurar estructuras discriminatorias hacia la mujer, pues la experiencia jurídica demuestra que toda la discriminación real hacia la mujer, no lo es tanto por su condición de mujer, como por su condición de madre o de potencial maternidad», señalan desde el Centro Jurídico.
A su juicio, la derogación de esta ley supone una «discriminación real» de la mujer, no tanto por su condición femenina, «sino por su condición de madres». Esto sdebería obligar al legislador balear «no sólo a no derogar la norma de protección de la maternidad, sino a seguir desarrollando normativa jurídica para convertir en realidad la protección de la maternidad y apoyar a todas aquellas mujeres que no pueden ver cumplidos sus deseos de maternidad por no tener el apoyo social y económico suficiente para llevar adelante una maternidad responsable», subrayan en un comunicado.
Con esta decisión derogatoria el Partido Socialista está estableciendo recortes sociales y de derechos inasumibles por una sorprendida ciudadanía que no acaba de entender por qué desde las instituciones públicas no se está considerando la maternidad como un bien social digno de protección, y se está privando a las mujeres sin recursos económicas del derecho a su maternidad.
