Quintana Roo es un Estado de la República Mexicana sumamente joven. A la gente fuera de México le puede sonar por las playas de Cancún, el sol, el Caribe. Pero Quintana Roo es mucho más que eso. En ese Estado se ha protagonizado uno de los más recientes episodios que muestran de qué modo la ONU pretende imponer la agenda globalista.
La oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos en México respaldó a un grupo feminista de reciente cuño –la Red Feminista Quintanarroense -RFQ–, que tomó por la fuerza, durante 3 meses, el Palacio Legislativo para intentar imponerle al Congreso Estatal la agenda de la legalización del crimen del aborto, lo que hubiera representado una violación de la propia Constitución del Estado de Quintana Roo.
Algunas personas creen que La Sexta da información.
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Tanto a nivel local como global estos grupos del feminismo radical, minoritarios pero muy agresivos, fueron respaldados por grupos e instituciones que se autodenominan “de derechos humanos”. En el caso de Quintana Roo, a esta fórmula se sumaron otros actores políticos clave que son instrumentales a esa agenda global: la secretaria de Gobernación del Gobierno Federal, Olga Sánchez Cordero; la secretaria general del partido oficial, MORENA, Citlalli Hernández, y los medios de comunicación. Todos usando el concepto talismán de “derechos sexuales y reproductivos”.
Quintana Roo vs la agenda globalista
Vayamos a los hechos. El 29 de noviembre del 2020, la autodenominada Red Feminista Quintanarrooense–RFQ tomó por la fuerza las instalaciones del poder legislativo estatal con la complicidad del diputado estatal Gustavo Miranda, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Gobierno. Abusando de su cargo, Miranda no solo abrió las puertas a estas activistas violentas, sino que además les permitió que desalojen a diputados y personal administrativo, que pinten lemas abortistas dentro y fuera del recinto parlamentario incluso con protección policial. O sea que la toma del Capitolio de Estados Unidos por parte de simpatizantes de Donald Trump (¿y otros?) no fue original, aunque el lector no encontrará contra las feministas de Quintana Roo ninguno de los análisis que el periodismo mundial ha hecho sobre el suceso de Washington DC.
Volviendo a México, quizás lo más grave de esta toma violenta fue que el diputado Miranda convirtió a la RFQ en un interlocutor válido, firmando con este grupo un “acuerdo” en el que involucró a otros 6 diputados abortistas. Dos funcionarios del Estado de Quintana Roo completaron esta imagen pseudodemocrática participando en calidad de “testigos de honor”: Marco Antonio Toh Euan, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, y Felipe Nieto Bastida, primer visitador general de la Comisión de Derechos Humanos.
En ese autoproclamado “acuerdo de voluntades”, los 7 diputados se comprometieron a que el 24 de febrero harían que se aprobara una iniciativa de ley abortista para el Estado de Quintana Roo. Otras 9 iniciativas de RFQ sería aprobadas, igualmente, en el transcurso del año. Por si fuera poco, también se comprometieron a permitir que las activistas del RFQ participaran presencialmente en toda sesión parlamentaria y a no presentar ninguna denuncia posterior (lo que se cumplió al pie de la letra). Las feministas radicales amenazaron con no dejar las instalaciones del Congreso si no se cumplían todas sus exigencias.
En Quintana Roo se quiso imponer la agenda globalista. Felizmente para la democracia y para la gran mayoría de la población, no se salieron con la suya
Felizmente para la democracia y para la gran mayoría de la población, no se salieron con la suya. El plan de la RFQ, de sus diputados aliados y de los “funcionarios de derechos humanos” era reformar el Código Penal para permitir el aborto. El problema era que, para lograrlo, debían pasar por encima de lo establecido en el artículo 13 de la Constitución Estatal que claramente señala: “El Estado de Quintana Roo reconoce, protege y garantiza el derecho a la vida de todo ser humano, al sustentar expresamente que desde el momento de la concepción entra bajo la protección de la ley y se le reputa como sujeto de derechos para todos los efectos legales correspondientes, hasta su muerte”. En otras palabras, pretendían que una ley contraviniera lo que expresamente está protegido por la Constitución, dinamitando lo que establece la técnica legislativa y jurídica para la aprobación del dictamen correspondiente en comisiones.
La jornada del 24 de febrero
En la proximidad a la celebración del día de la bandera nacional, la RFQ tuvo el descaro de deshonrar el lábaro patrio, desplazando la bandera mexicana para poner en su lugar un trapo verde, símbolo del abortismo internacional. Un gesto que pinta de cuerpo entero el talante del feminismo radical. Justo el día de la bandera, el 24 de febrero, en una sesión bastante larga, Comisiones Unidas (que reunió a diputados de 5 comisiones parlamentarias regulares) sometió a debate dos iniciativas para legalizar el crimen del aborto y hacerlo un negocio en ese estado.
Los diputados abortistas quisieron presentar un dictamen en el que se buscaba cambiar el Código Penal sin reformar la Constitución. Y obviamente eso es improcedente. Si no se cambia la Constitución no se puede cambiar la legislación secundaria. El problema es que estos diputados y sus aliadas feministas sabían perfectamente que una reforma constitucional requería las dos terceras partes del pleno de la Cámara de Diputados y ellos no contaban con esa cantidad de votos. Así que intentaron saltarse olímpicamente la Constitución e irse directamente a la legislación secundaria, cuya reforma solo requiere mayoría simple. Dicen que el diablo está en los detalles.
Pero en Comisiones Unidas votaron en contra de esa pretensión. Como parte de las típicas maniobras políticas, se declaró un receso para que pudiera incorporarse la parte Constitucional. Cuando los miembros de Comisiones Unidas regresaron a debatir, los abortistas pretendieron seguir con su atropello, poniendo otra vez a votación lo que ya había sido votado y que implicaba excluir la parte Constitucional nuevamente. De una manera mafiosa, los diputados abortistas quisieron hacer trampa liderados por José Luis Guillén López quien estuvo en todo momento secundado por los diputados Judith Rodríguez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, y el Diputado Edgar Gasca, presidente de la Comisión de Salud.
En esta coyuntura, un grupo de diputados muy valientes no solo alzaron la voz, sino que decidieron romper el quórum de Comisiones Unidas. La sesión se volvió a suspender y el dictamen abortista no se pudo aprobar. Lo increíble que ¡hicieron esto hasta 3 veces! Tres veces los diputados pro vida se retiraron del recinto para dejar totalmente claro que sin Reforma Constitucional el dictamen era ilegal.
Tanto la población como algunas autoridades locales y diputados no alineados a la agenda globalista hicieron prevalecer su soberanía. Esta triple combinación es muy importante en esta lucha
Estos abortistas hicieron “el mal” tan mal, que no pudieron avanzar en su intento.
Los diputados provida que valientemente alzaron la voz y rompieron el quórum son: las diputadas Kira Iris San y Aurora Pool Cauich, del Partido Acción Nacional; la diputada Reina Durán Ovando, del partido oficialista Morena y presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales; el diputado Carlos Hernández Blanco, del Partido Revolucionario Institucional – PRI. Ellos merecen todo nuestro reconocimiento y respaldo. Hicieron lo correcto aguantando mucha presión.
De una manera alarmante, en Quintana Roo hemos visto el cuadro completo de una agenda que en medio de una pandemia trata de matar a los más indefensos. Felizmente hemos visto también la reacción popular. La sociedad civil de Quintana Roo no solo ha alzado la voz, sino que ha respaldado la defensa del derecho fundamental a la vida y que está en su propia Constitución, presentando más de 100 mil firmas físicas (en un Estado de poco más de 1,8 millones de habitantes).
La misma fórmula en otros estados
El problema es que el de Quintana Roo, con ser el más espectacular, no ha sido un caso aislado. En Puebla y Michoacán viene presentándose exactamente el mismo escenario: grupos feministas locales intentando tomar el congreso estatal, organismos de la ONU respaldando públicamente a los movimientos violentos y funcionarios del gobierno de Andrés López Obrador (AMLO) dándoles todo tipo de facilidades. En cada escenario se produjeron resultados diferentes en la medida en que tanto la población como algunas autoridades locales y diputados no alineados a la agenda globalista hicieron prevalecer su soberanía. Esta triple combinación es muy importante en esta lucha.
En Puebla, un grupo feminista radical envalentonado por el apoyo recibido de funcionarios de la ONU, tomó el congreso. Pero casi inmediatamente el gobernador local ordenó desalojarlas del recinto y retomar el orden democrático (cuanto uno más lo piensa, menos “original” fue el movimiento pro-Trump, pero sigue siendo extraño que ningún medio noticioso internacional informara nada de esto). Sin embargo, la dinámica de presión sigue, y el proceso no se ha detenido.
En Michoacán, la presión al parlamento local vino a través de una carta oficial “de Naciones Unidas” en la que se apoyaba la despenalización del aborto hasta las 14 semanas de embarazo. Pero este apoyo no fue suficiente para que las feministas pudiesen tomar el Congreso: la misma gente de Michoacán se lo impidió. Pero también allí la presión sigue y buscan persistentemente legalizar el aborto.
Con diferente nivel de organización podemos afirmar que la misma fórmula se viene intentando aplicar en otros Estados de la República.
En todo México
A nivel federal, la aprobación del aborto está siendo tomado como una cuestión de mero trámite, acusando a los congresos estatales de falta de diligencia (lo cual es cierto en casi todos los temas, pero no en los propios de la agenda de los llamados “nuevos derechos sexuales y reproductivos”, que siempre son motivo de debate inmediato).
A este nivel la ONU trabaja con artillería pesada: ya no es la oficina del alto comisionado de Derechos Humanos, sino directamente ONU-Mujeres. De manera preocupante e indignante, el modus operandi de ONU-Mujeres no se diferencia en nada del de una agrupación feminista. Por supuesto, esta agencia de la ONU maneja más presupuesto, otorgado desde la misma ONU, y tiene también más peso político y mediático.
En el Congreso Nacional varios legisladores federales son instrumentales a la agenda globalista. Una pieza clave es la Diputada Aleida Alavez, que preside la Comisión de Puntos Constitucionales, y que viene impulsando un mega paquete de más de 40 iniciativas, varias de las cuales atentan gravemente contra la vida, la familia y las libertades fundamentales.
El caso Quintana Roo describe muy bien la fórmula que la ONU y los extremos antidemocráticos están dispuestos a emplear para lograr su propósito de legalizar el aborto. Y no es el único tema que tienen entre manos.
Actualmente hay una propuesta para reformar la Constitución de todos los mexicanos con las mismas palabras talismán para incluir el aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo y una restricción muy severa e ideologizada al artículo 6 constitucional, el que protege libertad de expresión.
Quien lee atentamente los documentos de la ONU, sabe que uno de sus objetivos es eliminar la visión binaria hombre-mujer. Sin embargo, en el discurso local solo presentan una lucha contra “los estereotipos de género”. Y si bien es bueno luchar contra algunos estereotipos puntuales que producen injusticias, esto está lejos de una redefinición de la naturaleza humana.
De aprobarse esta iniciativa no habrá libertad de expresión para quien quiera referirse a cuestiones de sexualidad con las categorías hombre-mujer. Como lo ha adelantado una Diputada Federal michoacana de Uruapan, se podría llegar a sancionar a los ministros de culto que “discriminen” por cuestiones de género, identidad de género, expresión de género. En resumidas cuentas, esa iniciativa busca violentar de manera radical la libertad religiosa e impedir que los ministros de culto puedan predicar lo que está en las Sagradas Escrituras.
Y no es un hecho aislado. No es agenda de esa diputada michoacana. Lo más probable es que ella no tenga ni idea de la trascendencia que esto tiene. Esto no es la agenda original de Aleida Alaves, presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, ni tampoco es la agenda con la que llegó al poder López Obrador. Esto es más bien la agenda de estas instancias globales, como la ONU, que instrumentaliza a grupos de jovencitas o de profesionales pagadas y a legisladores que se manejan desde la dictadura de lo políticamente correcto. Y como lo políticamente correcto son los “nuevos derechos” con los “nuevos principios”, se entregan completamente a la promoción y cumplimiento de este tipo de agendas.
