¿Qué puede llevar a un juez en un país democrático con separación (al menos formal) de poderes a ocultar su nombre en unas resoluciones que ha elaborado?
Esto ha sucedido en la localidad madrileña de Majadahonda. En concreto, en el juzgado de Instrucción número 1 donde, como ya ha explicado Actuall, un padre víctima de la Ley Integral contra la de Violencia de Género se ha visto obligado a declarar ante la justicia por repartir unas octavillas.
Algunas personas creen que La Sexta da información.
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Suscríbete ahoraManuel Romeral trataba, con este rudimentario sistema, de encontrar a más personas que, como él, se sientan perjudicadas por actuaciones judiciales de cuatro magistradas que han ejercido en los juzgados de Pozuelo de Alarcón, ahora investigadas por la Fiscalía a instancias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, por retardo malicioso en la administración de justicia, prevaricación, impedimento en el ejercicio de los derechos cívicos, amenazas y coacciones.
Tal actividad le ha llevado a ser denunciado por una de las magistradas, María Elena Garde García -que ahora ejerce en Majadahonda- por acoso, coacciones, injurias, calumnias e incluso de «falta de respeto».
Curiosamente, en ninguno los autos y providencias emitidas, figura el nombre del juzgador de este caso, lo que constituye uno de los siete privilegios para una jueza frente a quien ha logrado que sea investigada.
Esto llevó a la defensa de Manuel Romeral a protestar porque esa circunstancia desvirtúa el derecho a una justicia imparcial y transparente, garantizado, entre otras instituciones jurídicas por la recusación, imposible si se desconoce el nombre del juez.
Juzgador y acusadora, compañeros de clase
El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Majadahonda es Marcos Ramón Porcar Laynez, conocido por haber intervenido en casos relacionados con el expresidente de la SGAE, Teddy Bautista, o con el llamado «descuartizador de Majadahonda».
Porcar fue nombrado juez por una orden publicada en el Boletín Oficial del Estado en marzo de 2001 emitida por el Consejo General del Poder Judicial. La misma que sirvió para revestir de autoridad judicial a la magistrada denunciante María Elena Garde García.
En dicha orden, además, del nombramiento, se establece el escalafón de los alumnos que han superado los estudios en la Escuela Judicial y se les asigna un juzgado.
Porcar obtuvo el puesto 217 de los 222 posibles y fue destinado al juzgado de una pequeña poblacion orensana. Garde, por su parte, obtuvo plaza en la localidad jienense de Andújar, con el número 172 de su promoción. Ahora trabajan ambos en los juzgados de Majadahonda.
Según ha sabido Actuall de fuentes cercanas al caso, el hecho de que juzgador y denunciante se conozcan desde hace más de 15 años, en los que probablemente hayan entablado un cierto grado de amistad, podría ser motivo suficiente para una recusación.
Y tal vez sea este el motivo por el que el juez Porcar decidió no firmar. Pero sólo él sabe la respuesta.
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— Actuall (@actuallcom) July 14, 2016
