Una reciente investigación de Population Research Institute da cuenta del vacío legal por el cual el dinero público de EE. UU. todavía financia el aborto en el mundo. A pesar de la voluntad política del gobierno de Donald Trump, estas normas solo prohíben a ONGs extranjeras. Las ONGs abortistas de EE. UU. todavía acceden a estos fondos y, en proporción, son mucho mayores que cuando la Política de la Ciudad de México no existía. No obstante, la reelección de Trump por 4 años más podría eliminar este vacío legal, y junto a otras políticas pro vida de su gobierno, podría causarle un daño irreversible a la industria del aborto.
Veamos cómo las ONGs abortistas han utilizado este vacío en el caso de Ghana. El 2006 se formó una coalición con la misión de ampliar el acceso al aborto y la anticoncepción. En ella estaban los pesos pesados internacionales del aborto Marie Stopes International e IPAS. También 2 ONGs de EE.UU: Population Council y Engenderhealth. En el 2007 esta coalición inició el proyecto Reducción de la Morbilidad y la Mortalidad Maternas (o «R3M»). Bajo esta apariencia de bondad, se renovaron 70 clínicas de “planificación familiar” capacitando a más de 320 parteras, estudiantes de medicina y médicos en técnicas de aborto. En total, según las estimaciones del mismo Population Council, este proyecto fue responsable de la ejecución de 122.545 abortos en Ghana.
Algunas personas creen que La Sexta da información.
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Suscríbete ahora¿Cómo entonces pudieron tanto Population Council como Engenderhealth recibir unas considerables donaciones de ayuda extranjera de EE.UU durante el gobierno de Bush? ¿Cómo se pudo iniciar un proyecto así si se suponía que la Política de la Ciudad de México debía detener de una vez por todas la financiación de grupos involucrados en actividades y grupos relacionados con el aborto?
La respuesta es el vacío legal que existe por el cual en parte sí y en parte no se bloquean los fondos públicos de EEUU para promover o realizar abortos.
La Política de la Ciudad de México fue introducida por primera vez en 1984 bajo la administración Reagan en la Conferencia Internacional sobre Población en la Ciudad de México, el nombre del cual la política recibe su nombre. La original Política de la Ciudad de México de la administración Reagan prohibió el financiamiento de planificación familiar fuera del territorio de EE.UU. para ONG extranjeras que realizan o promueven el aborto en el extranjero como método de planificación familiar. Pero la política nunca prohibió que los fondos de EE.UU. vayan a las ONG con base en EEUU aun cuando hagan exactamente lo mismo.
En otras palabras, la política bloquea los dólares de ayuda extranjera de EE.UU. para financiar organizaciones extranjeras que promueven el aborto como la Federación Internacional de Planificación Familiar – IPPF o Marie Stopes International. Por ejemplo, IPPF afirma haber perdido 100 millones de dólares bajo la Política de la Ciudad de México solamente durante la administración Trump. Pero no se aplica a ONG basadas en EE.UU. como Population Council o Engenderhealth, a pesar de su participación en la promoción del aborto tal como sucedió en Ghana.
Según el motor de búsqueda de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), entre 2001 y 2008 cuando la Política de la Ciudad de México de Bush estaba en vigor, Population Council recibió 127,9 millones USD y Engenderhealth 86,3 millones USD en subsidios en planificación familiar y salud reproductiva del gobierno de EE.UU. Y esto es solo cuando ambas ONGs recibieron como receptor principal. A esto habría que sumarle lo recibido a través de subgrupos y subcontratos.
Bajo las regulaciones actuales, las ONG de EE.UU. involucradas en la promoción del aborto todavía pueden recibir subsidios para otras actividades como planificación familiar, salud reproductiva, prevención del VIH, salud materna, o proyectos de agua y saneamiento. La única restricción es que ninguna parte de la subvención puede utilizarse directamente para pagar actividades relacionadas con el aborto. Pero todavía pueden seguir ejecutando o promoviendo abortos tanto como deseen en países extranjeros utilizando su propio dinero (o diciendo que lo hacen). Este vacío legal ha permitido que cientos de millones de dólares sigan fluyendo a las arcas de organizaciones con sede en los EE.UU. que realizan o promueven el aborto en países extranjeros, a pesar de la Política de la Ciudad de México.
En términos monetarios, la Política de la Ciudad de México ni siquiera llega a recortar la mitad de todo el financiamiento de ayuda extranjera de EE.UU. para las organizaciones que promueven el aborto en el extranjero. Pero esto podría cambiar.
Se ha avanzado pero se puede llegar mucho más lejos
Cuando el Presidente Trump reinstauró la Política de la Ciudad de México como uno de sus primeros actos como presidente el 23 de enero de 2017, la política se amplió significativamente para aplicarse a toda la asistencia sanitaria mundial de EE.UU. Todas las versiones anteriores de la Política de la Ciudad de México bajo administraciones anteriores sólo se habían aplicado a la financiación de planificación familiar que es tan solo un rubro de la asistencia sanitaria mundial. La expansión hizo que la nueva Política de la Ciudad de México, ahora llamada Protección de la Vida en la Asistencia Sanitaria Mundial (PLGHA), fuera aplicable a toda la ayuda exterior de EE.UU. que asciende a 8,800 millones de dólares de por año, y no solo a las de planificación familiar y salud reproductiva que son solo alrededor de 575 millones de dólares anuales desde 2011.
El 26 de marzo de 2019, el secretario de Estado Mike Pompeo expandió significativamente la Política de la Ciudad de México, prohibiendo que la asistencia sanitaria global de EE. UU. sea otorgada a cualquier ONG extranjera que dé apoyo financiero de cualquier tipo a otra ONG extranjera que realice o promueva el aborto como método de planificación familiar. La expansión de la política bloqueó el financiamiento gubernamental de EE. UU. a organizaciones extranjeras que proporcionan grandes donaciones a proveedores internacionales del aborto como International Planned Parenthood Federation y Marie Stopes International.
A pesar de estas dos expansiones significativas de la histórica Política de la Ciudad de México, todavía queda un gran vacío. Pero la administración Trump ahora ya se puso en marcha para cerrarlo. Una muestra de ello es la carta que el 23 de enero, 19 Senadores de EE. UU. y 41 miembros del Congreso dirigieron al secretario de Estado Mike Pompeo, pidiendo al secretario para extender la Política de la Ciudad de México a las ONG de EE.UU.
¿Cuáles son algunas de las ONGs de EE. UU. que utilizan este vacío legal?
La siguiente tabla muestra las ONGs de EE. UU. y montos asignados en contratos directos y subcontratos desde que la nueva política del presidente Trump de Protección de la Vida en la Asistencia Sanitaria Mundial entró en vigor el 15 de mayo de 2017.
Analizamos una de estas ONGs. Population Services International – PSI es una organización no gubernamental y sin fines de lucro con sede en Washington, D.C. Trabaja en más de 50 países para aumentar el acceso a los servicios de salud mediante empresas de comercialización social y estrategias de comunicación. PSI es un proveedor del gobierno de EE. UU. en planificación familiar y programas de salud a nivel mundial.
PSI promueve abiertamente el aborto como una de sus principales actividades de salud mundial. Su sitio web establece claramente que la organización capacita a los proveedores de servicios de aborto seguro, incluso a través de la píldora abortiva, misoprostol y aspiración manual al vacío (MVA), un dispositivo que succiona el feto a través de un tubo usando una bomba de vacío manual. Hasta hace poco, la PSI tenía una página web dedicada exclusivamente a describir sus actividades relacionadas con el MVA en la que declaraba sin rodeos: “Adquirimos equipo manual de aspiración al vacío”.
PSI también coopera con un proyecto llamado Ignite, en el que trata de aumentar la demanda de anticonceptivos y abortos en varios países en desarrollo. En Mozambique, el programa Ignite de PSI en el 2017 comenzó a operar clínicas de planificación familiar en 50 escuelas secundarias y reclutó a 390 estudiantes como educadores de coetáneos para promover los servicios clínicos al cuerpo estudiantil. PSI capacitó a educadores y personal de la clínica para que hablaran con los estudiantes sobre el aborto y les dijera dónde se podía practicar. Tras las protestas de los padres, PSI se vio obligada a cerrar sus clínicas escolares, que más tarde se trasladaron a lugares frente a las escuelas.
Desde que la administración de Trump comenzó a aplicar su política de Protección de la Vida en la Asistencia Sanitaria Mundial, PSI ha recibido más de $265.7 millones del gobierno de EE. UU. en donaciones principales en programas mundiales de salud. Además, recibió 33 millones de dólares a través de subgrupos y 23,8 millones de dólares en subcontratos.
