El estado de Missouri ha planteado un proyecto de ley para proteger a los bebés que están siendo abortados porque han sido diagnosticados de síndrome de Down. La gran mayoría de las mujeres de Estados Unidos deciden terminar con su embarazo cuando reciben esta información.
Un estudio publicado en American Journal of Medical Genetics ha revelado que el 30% de los fetos a los que se les detectó la enfermedad fueron abortados. Sin embargo, hay estudios que revelan que el índice es bastante más alto. En España, nueve de cada diez ninos acaban muriendo mediante un aborto intencionado.
Algunas personas creen que La Sexta da información.
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Suscríbete ahoraSi este proyecto de ley saliera adelante, Missouri se convertiría en el segundo estado que defiende a estos ninos. Dakota del Norte ya prohibió estos abortos discriminatorios en 2013.
Las tasas de aborto de ninos con síndrome de Down «son dramáticas y los ponen en riesgo de extinción»
Son muchos los grupos provida que ven en esta ley una garantía necesaria. Una portavoz del proyecto, Sarah LaTourette, explica para LifeNews, que aunque ella tiene estas convicciones, el proyecto no tiene nada que ver con el aborto sino con la discriminación. «La elección de acabar con la vida de una persona , porque es diferente o tiene síndrome de Down, es discriminación, no aborto».
«La sociedad no debe discriminar a las personas, hayan nacido o no, por su sexo o por tener una discapacidad. Deberíamos celebrar la diversidad, no destruirlo», continúa LaTourette. Además añade que las tasas de aborto de ninos con síndrome de Down «son dramáticas y los ponen en riesgo de extinción».
La portavoz del proyecto aplaude la decisión tomada por el gobernador Jack Dalrymple, la representante Bette Grande y los legisladores de Dakota del Norte a los que considera muy «valientes por aprobar esta legislación.»
Este proyecto de ley quiere proteger a los no-nacidos con síndrome de Down, de la misma manera que se protege al resto de la sociedad y acabar con la discriminación que sufren los más inocentes.
Los grupos abortistas, sin embargo, se oponen a que esta ley salga adelante, alegando que privaría a las mujeres de ‘su derecho a abortar’ y afirman que el Estado ya tiene demasiadas medidas que lo complican. Se refieren, entre otras medidas, a las 72 horas que deben esperar las mujeres para decidir si abortan o no.
